BEATIFICACIÓN

Es el reconocimiento o declaración de la santidad de un siervo de Dios hecha por la autoridad competente (en la disciplina actual: por la Santa Sede). Tal declaración es formal cuando el Romano Pontífice, establecida la prueba jurídica de que al siervo de Dios no se le ha prestado culto público, demostrada la heroicidad de sus virtudes o su martirio, reconocidos como auténticos los milagros obrados por su intercesión, permite su culto público con determinadas condiciones y límites. Es equivalente en cambio cuando la Santa Sede confirma el culto público tributado a un siervo de Dios «ab immemorabili», previa también en este caso una discusión jurídica sobre la fama de santidad o sobre el martirio del mismo.

En los primeros siglos el Obispo aprobaba con su autoridad el culto de los Mártires; igualmente eran también los Obispos quienes en la alta Edad Media confirmaban o permitían el culto que los fieles tributaban espontáneamente a los que morían en fama de santidad. En el s. XII Alejandro III reservó a la Santa Sede las causas de beatificación, aunque esta reserva no consiguió todos sus efectos sino con la constitución Caelestis Ierusalem de Urbano VIII (a. 1634), que prohibió severamente rendir culto público a ningún siervo de Dios que no hubiese sido regularmente beatificado. Permitió sin embargo que se continuase honrando a aquellos beatos a quienes se rendía culto «ab immemorabili» o al menos desde 100 años antes, aun sin beatificación oficial. En el siglo XVIII Benedicto XIV con la precisión jurídica que le distinguía sistematizó las normas que se habían de seguir en los procesos de beatificación, incorporadas sustancialmente al Código vigente.

A ninguno, aunque sea profano en los estudios jurídicos, se le oculta la suma prudencia con que están trazadas todas las normas de los procesos de beatificación. La Iglesia procede verdaderamente, como vulgarmente se dice, con pies de plomo.