ELECCIONES (civiles, administrativas, políticas)
1. El voto es un deber cívico y moral. - La papeleta electoral política es el instrumento por el cual los ciudadanos libres eligen sus legisladores y gobernantes. Tiene, por lo tanto, una influencia inmensa, porque de las malas o de las buenas leyes depende la suerte de un pueblo. Es preciso tener presente también que el parlamento u órgano representativo y el gobierno pueden producir un gran bien o un gran mal a la Iglesia, al clero, a la familia cristiana, a la instrucción católica de la juventud, a la moralidad pública, a las instituciones eclesiásticas, a las diversas manifestaciones públicas de la religión, a las realizaciones de la civilización cristiana. El ejercicio del derecho del voto constituye por lo tanto un deber cívico y un deber moral y religioso. La gravedad de este deber puede variar según las circunstancias. Como norma general la obligación de votar es tanto más grave cuanto más comprometidos están en una consulta política determinada los intereses religiosos, morales y sociales de la comunidad nacional y cuanto más incierto es el éxito de la votación.
La deserción de las urnas es cosa grave, a no ser que el elector esté impedido de votar por una enfermedad o por un daño moral grave o gravísimo según las circunstancias. «En las presentes circunstancias es obligación estricta de todos los que tienen este derecho, hombres y mujeres, el tomar parte en las elecciones. El que se abstiene de ellas, sobre todo si es por indolencia o por cobardía, comete de suyo pecado grave, una culpa mortal» (Pío XII, discurso a los párrocos y predicadores cuaresmales de Roma, 10 marzo 1948).
2. Votar según conciencia. - Si es un deber grave acercarse a las urnas es deber aún mayor votar según la propia conciencia, esto es, elegir candidatos capaces y honestos, los cuales inspiren su acción política en los principios de la doctrina y de la moral cristiana. En su citado discurso Pío XII advierte: «todos tienen deber y obligación de votar según el dictamen de su propia conciencia. Pero es evidente que la voz de la conciencia impone a todo católico sincero el dar su voto a aquellos candidatos o a aquellas listas de candidatos que ofrecen garantías verdaderamente suficientes para la tutela de los derechos de Dios y de las almas, para el bien verdadero de los individuos, de las familias y de la sociedad, según la ley de Dios y la doctrina moral cristiana». Por el voto ponemos en las manos de los elegidos un gran poder, tanto para el bien como para el mal; por lo mismo asumimos indirectamente la responsabilidad de todo lo que ellos hacen en virtud de su mandato, naturalmente que en la medida prevista por nosotros y según la influencia ejercida por nuestro voto.
El que a sabiendas y eficazmente vota por candidatos indignos es responsable de cooperación al mal y contrae la obligación de reparar en la parte que toca a su responsabilidad los daños que los elegidos por él produzcan a la sociedad, a los individuos y a la Iglesia. Cuando en las elecciones políticas se presentan católicos dignos de este nombre y con la competencia debida, los ciudadanos deben darles su voto, ya que ellos son los únicos que pueden defender íntegramente en el órgano representativo de la nación los intereses cristianos y los que mejor pueden llevar a la vida pública ideas sanas, celo ferviente e integridad de conciencia. Como principio ninguno niega a los católicos el derecho a votar contra un candidato católico cuyas opiniones políticas no estén de acuerdo, ya que un ideal político puede ser concebido de manera distinta y alcanzado por diversos medios, pero las divisiones de los católicos en una batalla electoral tienen un límite, cada vez que las circunstancias hagan necesario el frente único de todas las fuerzas católicas para salvar los supremos intereses cristianos, que en último análisis se identifican con los civiles y sociales de la nación.
En muchos países las disensiones electorales de los católicos y la dispersión de sus votos causaron a la Iglesia y a la sociedad pérdidas gravísimas e irreparables. Mon. En concreto en España la desunión de los católicos en política, hasta llegar a las situaciones más violentas, ha sido de un efecto desastroso para la Iglesia y para la patria. A esta desunión cabe no pequeña responsabilidad en todos los males que afligieron a la Iglesia a partir de la instauración del sistema parlamentario en España hasta desembocar en la terrible lucha de 1936-1939, que posiblemente se hubiera evitado si se hubieran seguido las directrices dictadas por la Sta. Sede, principalmente por S. Pío X en su carta a los católicos españoles Inter catholicos Hispaniae, de 20 febrero 1906, en que señalaba las obligaciones de los católicos en las elecciones políticas, y de Pío XI en su encíclica Dilectissima nobis, de 3 junio 1933, en que fijaba la posición que había de mantener la Iglesia española frente a la república laica y demoledora de 1931. ¡Ojalá hubiéramos aprendido de estas grandes tribulaciones la gran lección de la unidad! Tr.
Bibliografía
O. Monti, Il dovere elettorale, Roma, 1945.